Concluyó Semana de los Derechos Intelectuales

Privados Criticaron Fuertemente Proyecto de Ley
Anti-Piratería impulsado por el Ejecutivo

• Por su parte, el representante de la Asociación de Distribuidores de Software, Marcelo Ponce, destacó que “con una legislación que proteja la propiedad intelectual, nuestras industrias pueden convertirse en ese motor de crecimiento que el país tanto necesita en materia de empleo”.

• En conjunto, los participantes solicitaron al gobierno y legisladores fortalecer la ley de propiedad intelectual implementando penas realmente disuasivas contra los responsables.

Santiago, 6 de octubre del 2004.- Como un balance a la semana del derecho intelectual en la cual los principales actores nacionales de música, videos, software, libros y autores, concordaron en que es necesario modificar el proyecto de ley anti-piratería impulsado por el Ejecutivo, ya que no favorece la proliferación de obras como asimismo desincentiva el crecimiento económico del país. En ese sentido, el gerente general de la Asociación de Distribuidores de Software, Marcelo Ponce, quien actuó como moderador del debate sobre propiedad intelectual en la Cámara Nacional de Comercio, señaló que “en momentos en que Chile se enfrenta al problema de cómo generar empleo, debemos pensar que las industrias de propiedad intelectual pueden ser ese motor de crecimiento que el país tanto necesita, ya que sin lugar a dudas, ellas son intensivas en empleo de buen nivel”.

Ponce comentó que tanto las industrias, el SII y autoridades presentes debatieron acerca del proyecto de ley que actualmente está en el Congreso. A su parecer, “el proyecto por el momento no constituye una clara señal para la sociedad chilena en el sentido de otorgar una mayor protección a la propiedad intelectual, sino que apunta en dirección contraria y por ende, representa un mensaje negativo para los inversionistas nacionales y extranjeros”, enfatizó.

En conjunto, los representantes de cada sector tales como la Asociación de Distribuidores de Software (ADS), la Corporación Nacional Anti- piratería, (Conapi), la Asociación de distribuidores de Videogramas, (ADV), la Sociedad de Derecho de Autor (SCD) y los representantes de la industria musical (IFPI), fueron enfáticos en reconocer que la actual modificación que impulsó el Gobierno a principios de año desincentiva el desarrollo de cada una de las industrias y no otorga el cabal cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por Chile.

A juicio de Francisco Nieto, Gerente General de la Industria Fonográfica, “las organizaciones criminales se han apoderado de nuestras calles como resultado de nuestras debilidades de nuestro sistema legislativo de protección de los derechos de autor y derechos conexos”.

Por su parte, el diputado integrante de la Comisión de Economía, Gonzalo Uriarte, reconoció que la actual propuesta de ley deja que desear. Indicó que la existencia de penas alternativas como lo señala el proyecto de ley claramente beneficia a los delincuentes, además señaló que la reincidencia en el delito debe ser fuertemente castigada, advirtió que la posibilidad de probar si hubo ánimo de lucro en la falsificación obviamente dificultará la aplicación de sanciones, lo que generará una sensación de insatisfacción y de retroceso en este tema.

En tanto, el director jurídico de IFPI Chile Claudio Ossa declaró que las penas como se contemplan en este proyecto son más favorables a los delincuentes y que las sanciones descritas en el proyecto de ley incumplen los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Por su parte, Fernando Ubiergo, presidente de la Sociedad de Derecho de Autor (SCD) estuvo de acuerdo que la legislación actual es mejor que la actual modificación que se pretende aprobar. Señaló que a la piratería no le interesa desarrollar la cultura sino aumentar sus ganancias comerciales ilícitamente.

En tanto, el Fiscal contra el Comercio Clandestino del Servicio de Impuestos Internos, Manuel Navarrete expresó que ya hay fallos por parte de los Tribunales que señalan claramente que “el comercio clandestino e informal atenta contra el orden público económico”.

En último término, los representantes de cada una de las industrias concordaron en que el nuevo proyecto de ley aumenta las exigencias para llegar a sancionar a los delincuentes, lo que dificulta su aplicación. A su vez, disminuye en algunos casos la responsabilidad de los delincuentes convirtiendo los actuales delitos en faltas menores, lo cual es una grave señal de retroceso que da permiso para que esta actividad ilegal se siga cometiendo.

Por ende, solicitaron a las autoridades de Gobierno lograr la voluntad política para fortalecer la protección contra la piratería, fomentar el consenso entre los parlamentarios para aprobar una legislación sobre propiedad intelectual que cuente con penas realmente disuasivas y que a la vez aumente las facultades de investigación para poder actuar en forma efectiva contra los que financian desde las sombras estas asociaciones delictivas.